Corte Constitucional ordena liberación del expresidente Roberto Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú aceptó este jueves el hábeas corpus que solicitaba la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 Al expresidente de esa nación Alberto Fujimori.

“Lamentablemente podemos confirmar esta información, la libertad de Fujimori implica que habrá anulado, por lo menos, dos sentencias de la Corte Suprema referidas al indulto”, le dijo a Efe Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Esta decisión a favor de Fujimori, de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000, le permitirá dejar la prisión en los próximos días, donde está desde 2009 por una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

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Fujimori había retornado el pasado lunes 14 de marzo a la prisión en Lima tras recibir el alta médica, luego de 11 días en una clínica por problemas cardíacos. No obstante, tenía que seguir siendo tratado por una fibrosis pulmonar, según informó en su momento su hija mayor, Keiko.

El máximo organismo constitucional del país revisó el hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.

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La decisión sobre el tema mantiene divididos a los integrantes del TC, ya que cuenta con el apoyo de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y el rechazo por Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

En ese lugar cumple una condena como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

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