Condenan a Paul Naranjo y a Julián Ortegón a 41 años y 8 meses de prisión como responsables del feminicidio de Ana María Castro Romero

Con base en las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez Penal del Circuito de Bogotá condenó a Julián Ortegón y Paul Naranjo a una pena de 41 años y 8 meses de prisión, por el delito de feminicidio agravado en calidad de coautores.

La decisión impuso además, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y negó el beneficio de prisión domiciliaria por lo que la sentencia deberá cumplirse en centro carcelario.

De acuerdo con las pruebas recolectadas se estableció que la noche del 4 de marzo de 2020, la joven Ana María Castro Romero se encontraba en un establecimiento comercial en el norte de Bogotá con unos amigos, entre ellos Paul Naranjo Calvo y Julián Ortegón.

Se estableció que la madrugada del 5 de marzo, la víctima salió de ese lugar en compañía de los dos hombres y otro joven con los que había compartido toda la noche. Ana María Castro se ubicó en la parte trasera de la camioneta, mientras que Naranjo y Ortegón iban en la en la parte de adelante del vehículo.

Se logró demostrar que, el día de los hechos, Paul Naranjo bajó del automotor al acompañante de la mujer y, unos metros adelante, fue lanzada de la camioneta en pleno movimiento, en la Calle 80 con carrera 69.

Un testigo que pasaba por el lugar informó lo ocurrido a la línea de emergencias 123 y, señaló que vio cómo Ana María Castro fue arrojada violentamente del vehículo y cayó con fuerza al suelo. La víctima fue trasladada al Hospital de Engativá y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar, donde murió.

La Fiscalía habla con resultados.

 

LMFO/ACR/FAGH/MRC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.          

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