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Cárcel para presunto estafador quien habría engañado a 10 personas con créditos y adquisición de equipos por más de 120 millones

El hombre habría afectado el patrimonio económico tanto de personas naturales como el de dos intermediarias financieras.

 

Un despacho local de la Unidad de Estafas de la Fiscalía en el Tolima, imputó a Cristian David Castrillón Chalarca los delitos de estafa agravada en concurso con receptación, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad personal y falsedad en documento privado por presuntamente haber estafado a 10 personas por más de $120 millones en Ibagué (Tolima).

Castrillón Chalarca quien fue detenido a mediados de esta semana por personal del CTI del Grupo de Estructura de Apoyo en el barrio Cadiz de la ciudad, fue vinculado a hechos ocurridos entre los años 2019 a 2022 y enviado a la cárcel como medida preventiva.

Gracias a la investigación matriz por un caso ocurrido en enero del año pasado, el ente acusador conoció del ilícito y así descubriría el entramado que tenía el procesado para engañar a sus víctimas.

Su accionar delictivo estaría basado en la modalidad de ofrecimiento de servicios tecnológicos como equipos celulares o computadores, y a su vez utilizaría dos empresas asociadas para ofrecerles a sus víctimas el financiamiento de estos quedándose él finalmente con el dinero.

¿Cómo lo hacía?

El hombre de 29 años figura como representante legal de una empresa llamada Tecnofiamos, ubicada en un centro comercial de la ciudad; la cual tenía como objeto comercializar celulares, computadores y aparatos tecnológicos.

Su negocio contaba con aliados comerciales. Una de las empresas está ubicada en Pereira (Risaralda), y la otra en la capital tolimense, las cuales son intermediarias financieras que finalmente se convirtieron en víctimas.

El engaño se daba cuando la víctima interesada en adquirir algún equipo y que no contaba con el dinero suficiente, era motivada por Cristian David para que permitiera le hicieran un estudio de crédito y así lograr financiar y acceder al producto.

La persona le entregaba información personal, su cédula y datos generales para el supuesto estudio. Pero lo que no sabía era que le estaba entregando la información precisa para que éste sacara el crédito a su nombre y el dinero le fuera desembolsado a él.

Finalmente, el ciudadano incauto se daba cuenta de lo que estaba pasando cuando le llamaban de las entidades a decirle que estaba en mora.

En uno de los casos las víctimas fueron padre e hija quienes sacaron un celular de alta gama y alcanzaron a pagar varias cuotas. Un día el celular presentó un daño y el investigado les entregó otro de baja gama provisional mientras solucionaba lo de su equipo. Al final se dieron cuenta que ambos figuraban como robados. Cuando fueron a reclamarle no lo hallaron en el sitio.

Las víctimas señalaron que los perjuicios causados ascienden a 20 millones de pesos.

Otra persona refiere haberlo conocido cuando prestaron servicio militar en el año 2011 por lo que le tenía absoluta confianza y dejó en sus manos que le ayudara con la adquisición de un crédito bancario para acceder a una finca.

Esta persona, de raíces campesinas, que poco conocimiento tenía al respecto se dejó convencer al punto que sacó 2 celulares y 3 tarjetas de crédito a su nombre, porque su amigo le dijo que así crearía vida crediticia y tendría un buen puntaje para que le dieran el préstamo.

Pero la víctima le dio sus claves, dándole manejo absoluto de los plásticos manteniéndolo en error, sobre que él iba a cubrir esas deudas como un mercado de $1.000.000, y hasta un reloj por $1.800.000. Finalmente, su afectación económica fue por $13.000.000 millones.

Al término de las audiencias de rigor donde la delegada fiscal entregó detalles de cómo presuntamente embaucó a cada una de las 10 víctimas, el hombre no aceptó su responsabilidad frente a los cargos imputados.

PAAM/FAGH/MVGV/DST

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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