En el curso del proceso investigativo se identificaron ocho víctimas en el sur y suroccidente de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Michael Martínez Mendoza, Rafael Andres Vargas Bohórquez y Juan Sebastián Zuluaga Jordán, tres posibles integrantes de la red delincuencial ‘Los Sparkis’ que estarían involucrados en el robo de vehículos adscritos a plataformas virtuales que ofrecen transporte particular en Bogotá.
Los elementos de prueba indican que estos hombres, al parecer, solicitaban servicios y, tan pronto abordaban los carros, amenazaban a los conductores con armas de fuego, los reducían presionándoles el cuello con cuerdas y los retenían por dos horas. Durante este tiempo, presuntamente, les quitaban las pertenencias, celulares y dinero en efectivo, y luego escapaban con los automotores.
En la investigación se acreditaron ocho víctimas, las cuales fueron abandonadas en lotes y lugares solitarios ubicados en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.
‘Los Sparkis’ fueron capturados en diligencias realizadas por unidades de la Policía Nacional. En los procedimientos fueron incautadas dos armas traumáticas con sus respectivos cartuchos. Un fiscal de la Seccional Bogotá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de secuestro simple, y hurto calificado y agravado.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
