Cárcel para cinco supuestos integrantes de las disidencias del frente 10 de las FARC

Los procesados, entre ciudadanos colombianos y venezolanos, fueron capturados durante una acción militar realizada en Arauca, en la que murieron 27 personas que harían parte de la estructura criminal.

Luego de valorar el material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario a cinco supuestos integrantes del Frente 10 ‘Martín Villa’ de las disidencias de las FARC.

Estas personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana, fueron capturadas en situación de flagrancia durante una operación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda El Paisaje de Puerto Rondón (Arauca), el pasado 24 de febrero.

En la acción militar murieron 27 personas que harían parte de la estructura ilegal y fueron incautados 9 fusiles, 9 pistolas, 2 morteros, 1 cañón, 32 granadas, 2.200 cartuchos, 45 proveedores, 6 artefactos explosivos, 33 memorias USB, 21 simcard, 1 computador, 1 disco duro y 4 celulares.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a los cinco detenidos el delito de fabricación, porte y tráfico de armas, municiones de usos restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados son:

  • Liliana Moreno González.
  • José Antonio Castillo Rivas.
  • Luis Alberto Gallego Rodríguez.
  • Eddy Santiago Cavadia Bravo.
  • Freddy José Herrera Villanueva.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LMBG/JARG/DECOC.

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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