Asegurados tres uniformados de la Policía Nacional que habrían retenido de manera irregular 180 millones de pesos

Un juez penal municipal de Ipiales (Nariño) cobijó con medida de aseguramiento a un suboficial y dos patrulleros activos de la Policía, los cuales están siendo investigados por una retención al parecer irregular de 180 millones de pesos en este municipio.

Los asegurados son el sargento de Escuadra, Mario Mauricio Basante Urbano y los patrulleros Wilgen Andrés Martínez y Jonathan Fernando López Bernate, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), contra quienes el Juzgado Segundo Penal de Ipiales había emitido orden de captura el pasado 22 de febrero.

Los hechos por los que los son procesados ocurrieron en un parqueadero de Ipiales, cuando al parecer unidades del GOES ingresaron al sitio para realizar el registro de un vehículo procedente de Ecuador, exigiendo a sus ocupantes salir del mismo.

Durante la inspección al automotor, los policías habrían encontraron debajo del asiento del conductor un costal con dinero en efectivo que, presuntamente,  fue colocado en una cesta de basura y trasladado al interior de la patrulla.

Los propietarios del dinero instauraron la denuncia en la URI de la Fiscalía, declarando que en el costal habían $180.000.000, los cuales iban a ser destinados para la compra de un terreno en Ipiales y que la incautación del dinero no estuvo formalizada con documentos ni argumentos, por parte de los agentes.

Los uniformados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación adscritos a la Estructura de Apoyo en vía pública y la Estación de Policía.

El ente investigador les imputó cargos como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con acto arbitrario e injusto.

La Fiscalía habla con resultados 

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JGP/LVB/CFG

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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