La fórmula vicepresidencial encabezada por Iván Cepeda ha planteado una exigencia clara: la presencia activa del Estado en los enfrentamientos que se desarrollan en la zona, una demanda que surge como respuesta a la escalada de violencia que ha marcado los últimos meses. Este llamado se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad de la población civil, que ha sido blanco de choques entre grupos armados y fuerzas de seguridad, generando desplazamientos internos y violaciones de derechos humanos. Asimismo, la ausencia de una intervención estatal coordinada ha exacerbado la desconfianza en las instituciones, provocando que sectores sociales demanden una política de protección más efectiva y una rendición de cuentas que evite la impunidad.
LEl análisis de las causas de esta situación revela una combinación de factores estructurales y coyunturales, entre los que destacan la persistencia del narcotráfico como motor de los conflictos armados, la debilidad institucional en la región y la falta de inversión en proyectos de desarrollo que ofrezcan alternativas económicas a la población. Además, la ausencia de diálogo político entre los diferentes actores ha impedido la construcción de acuerdos sostenibles, mientras que la militarización sin acompañamiento de estrategias de reconciliación ha generado un círculo vicioso de violencia. Estas dinámicas se traducen en un clima de inseguridad que afecta directamente la vida cotidiana, limitando el acceso a servicios básicos y provocando la ruptura del tejido social.
LLas consecuencias de la falta de presencia estatal son evidentes en el aumento de desplazados internos, la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y la consolidación de economías ilícitas que se benefician del caos. Si el Estado no actúa de manera contundente, se corre el riesgo de que los grupos armados consoliden su control territorial, lo que dificultaría aún más cualquier intento de pacificación futura. Por otro lado, una intervención estatal bien diseñada, que combine seguridad, desarrollo y reparación, podría revertir la tendencia de violencia, generar espacios de convivencia y fortalecer la legitimidad del gobierno, contribuyendo a una paz duradera en la región.
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