La declaración del Jefe de Estado colombiano sobre el aumento de presos señalados por terrorismo como un generador de violencia, pone de manifiesto una problemática compleja que atraviesa el sistema judicial y la seguridad nacional. Es fundamental desglosar las causas subyacentes a este fenómeno. En primer lugar, la persistencia de grupos armados ilegales, tanto disidencias de las FARC como estructuras del ELN y otras organizaciones criminales, sigue siendo un factor determinante. La proliferación de estos grupos facilita la comisión de actos que pueden ser catalogados como terrorismo, y por ende, incrementa el número de individuos procesados por estos delitos. Además, la definición ambigua y, en ocasiones, la aplicación laxa de la legislación antiterrorista, podría estar contribuyendo a la inclusión de personas involucradas en otro tipo de delitos, como protesta social o actividades de delincuencia común, dentro de esta categoría penal. Una revisión exhaustiva de la legislación y su correcta aplicación se hacen imprescindibles.
La criminalización de la protesta social es un punto álgido en este análisis. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones la utilización de cargos de terrorismo para judicializar a líderes sociales, activistas y manifestantes que ejercen su derecho a la protesta. Esto no solo representa una violación de los derechos fundamentales, sino que también socava la legitimidad de las instituciones y genera un clima de desconfianza entre la ciudadanía y el Estado. Es crucial diferenciar entre actos vandálicos aislados cometidos en el marco de una protesta y acciones que realmente puedan ser tipificadas como terrorismo. La estigmatización de la protesta social como terrorismo dificulta el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Urge establecer mecanismos de control y supervisión que garanticen que la legislación antiterrorista no sea utilizada para reprimir la disidencia y la protesta legítima.
Las consecuencias de esta situación son múltiples y de gran alcance. El señalamiento de un número creciente de personas como terroristas puede tener un impacto devastador en sus vidas y en las de sus familias. Además del estigma social, estas personas enfrentan procesos judiciales complejos y penas severas, lo que puede generar un sentimiento de injusticia y frustración. A nivel social, el aumento de presos señalados por terrorismo alimenta la polarización, el miedo y la desconfianza, lo que dificulta la construcción de una paz duradera. El Estado debe garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluso de aquellas acusadas de delitos graves. Es necesario fortalecer las instituciones judiciales y garantizar que cuenten con los recursos y la capacitación necesarios para investigar y juzgar estos casos de manera justa y transparente, evitando caer en la criminalización de la pobreza y la protesta social.
