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🗞️ En la edición de hoy hablamos del desafío legal de Donald Trump por expulsar migrantes pese a una orden judicial, del intento de Bruselas para acelerar deportaciones mediante una lista de “países seguros” y de la sentencia de la Corte británica que redefine legalmente el concepto de mujer, entre otros temas. ¡Seguí leyendo para no perderte nada!
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Una jueza federal inició un proceso por desacato contra el Gobierno de Donald Trump tras ignorar una orden judicial que impedía la deportación de más de 200 migrantes a El Salvador. Entre ellos estaba Kilmar Ábrego, beneficiario de protección temporal. La fiscal general sostuvo que no regresará a EE.UU., pese al fallo del Supremo. Además, organizaciones como Human Rights Watch denunciaron posibles desapariciones forzadas. El acuerdo entre Trump y Bukele incluye el envío de migrantes al CECOT, una cárcel cuestionada por abusos, a cambio de seis millones de dólares anuales.
La Comisión Europea propuso una lista común de “países de origen seguros”, incluyendo a Marruecos, Colombia, India y Túnez, para acelerar o denegar procesos de asilo en la UE. Esta medida busca reducir a tres meses el examen administrativo de solicitudes provenientes de dichos países. Aunque las cifras de llegadas irregulares y demandas de asilo están bajando, Bruselas impulsa también la revisión del concepto de “tercer país seguro”. La propuesta, aún pendiente de aprobación, responde a presiones de gobiernos que piden políticas migratorias más estrictas y mayor celeridad en expulsiones.
La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la definición legal de “mujer” en la Ley de Igualdad de 2010 se basa en el sexo biológico, excluyendo así a mujeres trans con certificado de reconocimiento de género. Aunque la sentencia reafirma protecciones antidiscriminatorias para personas trans, ha generado fuerte rechazo entre activistas. El fallo responde a una disputa entre el gobierno escocés y el grupo For Women Scotland, y podría impactar en espacios diferenciados por sexo. Según el tribunal, no se trata de una victoria social, sino de una interpretación legal de alcance nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las afirmaciones de Donald Trump sobre un presunto temor de su gobierno hacia los carteles del narcotráfico. En conferencia de prensa, afirmó que existe colaboración con Estados Unidos, pero sin subordinación ni intervención. Sheinbaum recordó que los operativos estadounidenses recientes en territorio mexicano fueron autorizados por México. Además, defendió el control nacional de las acciones de seguridad y resaltó que las fuerzas armadas mexicanas lideran estas tareas. Las declaraciones se dan en medio de nuevas tensiones por el enfoque de Trump sobre la seguridad en la región.
El expresidente peruano Ollanta Humala fue trasladado a la cárcel de Barbadillo tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas. Ocupa la misma celda donde estuvo recluido Alberto Fujimori. En el penal ya se encuentran Alejandro Toledo y Pedro Castillo, también exmandatarios. Su esposa, Nadine Heredia, recibió asilo político en Brasil junto a su hijo Samir, tras obtener un salvoconducto gestionado con el gobierno brasileño. Ambos fueron declarados culpables por recibir fondos de Hugo Chávez y Odebrecht para campañas electorales.
La senadora colombiana María José Pizarro denunció en Madrid una “traición sistemática” a los acuerdos de paz firmados en 2016, señalando que su incumplimiento ha llevado a una nueva ola de violencia, desconfianza y disputa territorial por el narcotráfico. Pizarro, hija del asesinado comandante del M-19, responsabilizó al retorno del “uribismo” en 2018 por el debilitamiento del proceso. Pese a ello, valoró los esfuerzos del Gobierno de Petro. También advirtió sobre una derechización regional en América Latina y pidió una transición democrática tanto en Ecuador como en Venezuela.
La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, desestimando la apelación presentada por la defensa. La causa incluye acusaciones por lesiones leves y graves, además de amenazas coactivas. El fallo, respaldado por los jueces Irurzun y Farah, destacó el contexto de desigualdad de poder en la relación y el aislamiento de la denunciante. También se ratificó un embargo por $10.000 millones de pesos. El juez Boico votó en disidencia, alegando falta de pruebas concluyentes. El caso podría avanzar hacia un juicio oral.
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