Un dirigente del partido de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, arrestado a inicios de enero falleció bajo custodia del Estado, denunciaron este lunes miembros de esa organización política.
El dirigente político Reinaldo Araujo, del estado Trujillo, en el oeste de Venezuela, arrestado el 9 de enero, en medio de una movilización opositora, murió por presuntamente no haber recibido atención médica oportuna, según el comité de DDHH de Vente Venezuela, el partido de Machado.
De acuerdo con la organización política, Araujo tenía «serios» problemas de salud.
“Su esposa denunció en días pasados su situación de salud y exigió atención médica para él, pero no le fue permitida. A esto se enfrentan los presos políticos que hoy sufren múltiples patologías y están en riesgo considerable”, escribió la organización política en X.
Machado aseguró que el gobierno «hostigó duramente» al activista opositor, y afirmó que el Estado le negó la asistencia médica hasta este lunes, «cuando ya era demasiado tarde».
«El régimen lo asesinó», escribió en X.
Hasta el momento las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al caso. La Voz de América no ha podido confirmar la denuncia de manera independiente.
Otras tres personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el gobernante Nicolás Maduro fue proclamado ganador a pesar de las denuncias de fraude de la oposición han fallecido bajo custodia del Estado venezolano.
En noviembre, Jesús Manuel Martínez Medina, un músico también miembro de Vente Venezuela, que trabajó como testigo de mesa en las elecciones, falleció por no haber recibido atención médica oportuna.
Los venezolanos Osgual Alexander González Pérez y Jesús Rafael Álvarez, también arrestados en el contexto de las protestas postelectorales y recluidos en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, fallecieron en diciembre.
Desde 2015 al menos 16 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en medio de circunstancias no esclarecidas.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, según defensores de derechos fundamentales.
Hasta el 25 de enero, el Ministerio Público de Venezuela informó sobre 1.896 excarcelaciones, tras revisar los casos de personas presuntamente vinculadas con las manifestaciones postelectorales.
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