Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da cuenta de sucesivas violaciones a derechos humanos registradas durante el proceso electoral y poselecciones en Venezuela y califica la situación como una “estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición”.
La CIDH presentó sus hallazgos justo en medio de la visita que hizo a la capital estadounidense el excandidato Edmundo González, quien según la oposición ganó los comicios presidenciales por abultada mayoría, pero que le fueron arrebatados.
La comisionada Gloria De Mees, Relatora para Venezuela ante el organismo en Washington, comentó a la Voz de América que este informe detalla la existencia de una estrategia para “suprimir la participación política de la oposición” en el país sudamericano y que eso ha llevado a “impedir la posibilidad de elecciones libres, justas, competitivas y transparentes; e infundir miedo en la población para mantener su control del poder”.
De Mees también dijo que el informe de la CIDH ratifica su “inquebrantable compromiso y solidaridad con el pueblo venezolano, y llama nuevamente a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos en el país”.
Pidió, además, mantener la atención en Venezuela donde no se descarta una “mayor escalada de represión”, por lo que alienta a la comunidad internacional a implementar todos los mecanismos diplomáticos e institucionales que contribuyan al “retorno de la democracia”.
Datos del informe
Según la CIDH la escalada represiva empezó en la etapa preelectoral al obstaculizar la participación de la oposición, cuando el gobierno utilizó su “control de diversas instituciones” como la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia.
“Esto resultó en detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y actos de hostigamiento, persecución e inhabilitación política contra quienes se percibían como rivales”, dijo.
Luego llegaría el día de las elecciones presidenciales del 28 de julio y la noche del escrutinio cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), “suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Esto generó una fuerte percepción de fraude entre la población”.
Las protestas exigiendo el respeto a los resultados, según la CIDH, desencadenaron una ola de “represión y aumento de la violencia” que llevaron a reprimir al menos 300 manifestaciones espontáneas “por las fuerzas del régimen”.
También el informe destacó que como parte de la “Operación Tun Tun” se registraron al menos 25 muertos, “más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
La Comisión, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), también señaló los múltiples allanamientos sin orden judicial, y detenciones masivas de ciudadanos, “además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes”.
La CIDH consideró la situación de Venezuela como un “terrorismo de Estado” a consecuencia de la cooptación de las instituciones por parte del poder Ejecutivo, “la corrupción y el control de los poderes públicos”.
Para la Comisión, las circunstancias alrededor de las elecciones del 28 de julio configuran una “alteración del orden constitucional” con restricciones de los derechos políticos de la ciudadanía por lo que considera que la reelección de Nicolás Maduro no goza de legitimidad democrática.
“La Comisión Interamericana destaca que el caso venezolano ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estos tres elementos conforman una tríada en la que cada uno se define, complementa y cobra sentido en función de los otros”, mencionó el informe.
Y advirtió que el colapso de esa tríada “provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Poder Ejecutivo, facilitó el establecimiento de un régimen de facto” en Venezuela.
Llamado a la comunidad internacional
La comisionada Gloria de Mees, en su calidad de Relatora para Venezuela, explicó a la VOA que la situación del país sudamericano es un llamado a la reflexión para el resto del continente.
Y que el organismo “continuará alertando a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y utilizará todos sus mecanismos de protección para asistir a quienes lo necesiten”.
La funcionaria aseguró que durante 65 años, la instancia, con sede en Washington, ha jugado un papel clave para ayudar a algunos países de la región “a superar las dictaduras, golpes militares y graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que la situación de Venezuela no es una excepción para la CIDH.
El informe presentado este martes surgió a petición -según consignó la CIDH en el resumen ejecutivo del documento- de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que tienen su atención puesta en Venezuela, dada la magnitud de los hechos.
Mencionó también que la fiabilidad de los datos consignados en el documento han sido obtenidos de fuentes primarias, con testimonios recibidos a través del Mecanismo Especial para Seguimiento de Venezuela (MESEVE) que reúne peticiones y medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión.
Mucha de la información se ha ventilado en las audiencias públicas y los informes temáticos anuales presentados por el organismo en su seguimiento continuo de la crisis venezolana.
El gobierno de Venezuela, que ha rechazado la observancia de organismos internaciones como Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos al considerarlos como «errática deriva», aún no se ha pronunciado por el reciente el informe de la CIDH.
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