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‘Los Libertadores’ fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la comercialización de estupefacientes  

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía, con el apoyo de Sijín, permitieron la desarticulación de la estructura delincuencial ‘Los Libertadores’, dedicada a la venta de estupefacientes en Neiva (Huila). Ocho de sus presentos integrantes fueron cobijados con medidas privativas de la libertad.

A los capturados la Fiscalía les imputó, de acuerdo a su posible responsabilidad, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Según se estableció, desde agosto de 2020, los indiciados se dedicarían al expendio de sustancias estupefacientes, marihuana,  en la Plaza Cívica ‘Los Libertadores’, ubicada en la Calle 7ª entre carrera 2ª y 3ª de Neiva (Huila).

La Fiscalía tiene registro de 40 eventos de venta de estupefacientes donde se logró identificar a los procesados con conversaciones y colaboraciones para la venta donde permanecían dos o más en el mismo lugar para cometer el ilícito.

Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Fredy Alexander Acosta Gomez y Diego Armando Lara.

Por su parte,  Karen Julieth Prada , Érika Fernanda Muñoz, Carolina Galindo Álvarez, Daniela Vanegas Motta , Kevin Andrés Cuellar Gómez, Germán Cuellar Perdomo cumplirán medida de aseguramiento en lugar de residencia.

Dos de los imputados, identificados como Javier Andrés Botero Pastrana y Rommel Alexander Guerrero Perdomo fueron dejados en libertad, pero vinculados al proceso investigativo.

La Fiscalía habla con resultados.

LMGM/CFG/DSPB

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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